Si en El Prat de Llobregat te han notificado un requerimiento de la Agencia Tributaria o un expediente que apunta a un delito fiscal, o si eres autónomo, empresario o administrador de una sociedad con actividad en la zona del Aeropuerto o el polígono industrial y te preocupa haber superado el umbral que convierte una infracción administrativa en delito, necesitas asesoramiento penal especializado desde el primer momento. El delito fiscal es uno de los delitos económicos más técnicos del Código Penal español y su defensa exige conocer tanto la normativa tributaria como la penal.
¿Qué es el delito fiscal y cuál es el umbral para 2026?
El delito contra la Hacienda Pública está regulado en el artículo 305 del Código Penal. Se comete cuando, mediante acción u omisión, se defrauda a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local eludiendo el pago de tributos, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales de forma indebida.
Umbral de los 120.000 euros
El umbral tradicionalmente exigido para que la defraudación sea constitutiva de delito (y no de mera infracción administrativa) es de 120.000 euros por cada período impositivo o de declaración. Por debajo de esa cifra, Hacienda tramitará el expediente por vía administrativa, con las correspondientes sanciones económicas, pero no habrá derivación a la vía penal. Este umbral debe verificarse con un abogado en el momento concreto de cada expediente, ya que pueden existir matices según el tributo afectado.
Modalidades agravadas
El artículo 305 bis prevé un tipo agravado cuando la cuantía defraudada supera los 600.000 euros, cuando la defraudación se comete en el seno de una organización o grupo criminal, o cuando se utilizan personas interpuestas, negocios o instrumentos fiduciarios para ocultar la identidad del obligado tributario.
Penas previstas para el delito fiscal
- Tipo básico (art. 305 CP): pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada.
- Tipo agravado (art. 305 bis CP): prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo.
- Pérdida de subvenciones y beneficios fiscales: además de la pena, se puede imponer la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios fiscales durante un período de tres a seis años.
La regularización voluntaria de la situación tributaria antes de que se inicie una inspección, comprobación o procedimiento penal puede excluir la responsabilidad penal, conforme al propio artículo 305. Este es uno de los mecanismos de defensa más relevantes y debe valorarse con urgencia en cuanto se detecta el riesgo.
¿Cómo se inicia el procedimiento por delito fiscal?
Normalmente el proceso arranca con una inspección de la Agencia Tributaria. Si el inspector actuario aprecia indicios de delito, remite el expediente a la Fiscalía o al órgano judicial competente, suspendiendo la vía administrativa sancionadora. A partir de ahí:
- Se abre diligencias de investigación penal en el juzgado de instrucción correspondiente (para hechos en El Prat de Llobregat, los Juzgados de Instrucción de la zona o los especializados en delitos económicos según la organización territorial vigente).
- El investigado puede ser citado a declarar, y es fundamental acudir con abogado penalista desde ese momento.
- Se practican pruebas periciales contables y documentales.
- Si hay indicios suficientes, se abre juicio oral; en caso contrario, puede sobreseerse la causa.
Estrategias de defensa en el delito fiscal
Regularización tributaria
Como se ha señalado, pagar la deuda tributaria antes de cualquier notificación formal de inspección puede eliminar la responsabilidad penal. Es una vía que debe analizarse con detalle según el momento procesal.
Impugnación de la cuantía defraudada
La defensa puede cuestionar el cálculo pericial de la Agencia Tributaria, aportando informes periciales de parte que reduzcan la cuantía por debajo del umbral penal o que demuestren errores en la liquidación.
Ausencia de dolo
El delito fiscal exige dolo (intención de defraudar). Errores contables, interpretaciones razonables de normas fiscales complejas o asesoramiento profesional erróneo pueden fundamentar la falta de intención delictiva.
Prescripción
El delito fiscal prescribe, con carácter general, a los cinco años, aunque el plazo de prescripción tributaria y el penal no siempre coinciden y conviene verificar cada caso con detalle.
Costes orientativos de la defensa
Los honorarios de un abogado penalista especializado en delitos económicos varían según la complejidad del expediente, el número de ejercicios fiscales afectados y si el asunto llega a juicio oral. A título orientativo, la consulta inicial puede oscilar entre 90 y 180 euros, y la defensa completa de un procedimiento por delito fiscal puede suponer varios miles de euros dependiendo de la instrucción, la prueba pericial necesaria y la fase procesal. Cada despacho establece sus honorarios según el caso concreto.
Preguntas frecuentes
¿A partir de qué cantidad es delito fiscal en 2026?
Con carácter general, a partir de 120.000 euros defraudados por período impositivo, según el artículo 305 del Código Penal. Conviene confirmar la vigencia de esta cifra y sus particularidades con un abogado.
¿Puedo evitar la cárcel regularizando mi situación con Hacienda?
La regularización voluntaria antes de que se inicie inspección o procedimiento penal puede excluir la responsabilidad penal. Es una estrategia que debe valorarse cuanto antes con asesoramiento legal.
¿Qué pasa si Hacienda me investiga en El Prat de Llobregat?
Si la inspección detecta indicios de delito, el expediente pasa a la vía penal y se suspende el procedimiento sancionador administrativo. Es esencial contar con abogado penalista desde la primera notificación.
¿Cuánto tiempo dura un procedimiento por delito fiscal?
Los plazos son orientativos y dependen de la complejidad del caso, la prueba pericial y la carga del juzgado; pueden extenderse desde varios meses hasta más de un año en instrucción.
¿Necesito abogado penalista o fiscalista para un delito fiscal?
Idealmente ambos perfiles combinados: un abogado penalista con experiencia en delitos económicos que trabaje junto con asesoramiento fiscal para construir la defensa técnica y la estrategia procesal adecuada.
Si te encuentras en El Prat de Llobregat ante una posible acusación por delito fiscal o cualquier otro delito económico, contacta con un abogado penalista lo antes posible para analizar tu caso sin compromiso.